La ley sigue vigente, pero la política federal de acceso, construída durante los primeros tiempos de la implementación, se fue desarmando por obra de Milei. El Argentina la Ley 27.610 está vigente desde 2021 y garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive y a la interrupción legal (ILE) después de ese plazo cuando el embarazo es producto de una violación o está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. Hoy, 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, la efeméride abre preguntas, no ya sobre su legalidad, pero sí sobre el acceso. La pregunta es: qué tan posible es hoy ejercer ese derecho en todo el territorio argentino. Hoy, la ley sigue vigente y las prácticas se siguen realizando, pero el sistema que durante los primeros años de implementación había construido una política federal de acceso se fue desarmando. Para denunciar este estado de situación, hoy por la tarde, a las 16hs tendrá lugar un pañuelazo frente al Congreso. El corrimiento estatal Desde su aprobación, la implementación estuvo acompañada de resistencias, protestas y contramedidas en la esfera pública, pero con la llegada de Javier Milei a la presidencia ese proceso se profundizó al punto de que los retrocesos en la materia de derechos sexuales y reproductivos se convirtieron en uno de los principales blancos de la gestión libertaria. Desde 2024, el Estado nacional dejó de comprar y distribuir de manera centralizada los medicamentos que garantizan las interrupciones, misoprostol y mifepristona, y trasladó -sin los recursos necesarios- a las provincias una responsabilidad que antes asumía Nación. Las capacidades para sostener esa prestación no son iguales en todo el país: algunas jurisdicciones pudieron compensar la retirada de recursos nacionales; pero la mayoría tuvo dificultades para hacerlo. El contraste con los primeros años de la ley es muy claro. Entre 2021 y 2023 se fortalecieron equipos de salud, se amplió la red de efectores y se consolidó un esquema federal de compra y distribución de medicamentos. En 2023, por ejemplo, el Estado nacional distribuyó 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos combinados de misoprostol y mifepristona. Desde entonces, ese sistema dejó de funcionar como antes. Hay un dato clave para entender la importancia del proceso de esos dos primeros años: las muertes maternas por embarazo terminado en aborto habían pasado de 23 en 2020 a 13 en 2021, una reducción del 43,5 por ciento. El propio Ministerio de Salud señaló entonces que la implementación de la Ley 27.610 había generado condiciones para el acceso a abortos seguros y vinculó el descenso con el nuevo marco de acceso, aunque la mortalidad materna responde a múltiples factores. Provincias: la que toca, toca El nuevo escenario no produjo un derrumbe de las prácticas, pero sí una creciente desigualdad en las condiciones para acceder. El último reporte anual de Proyecto Mirar, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto con Ibis Reproductive Health, releva la implementación de la política de aborto durante 2025 y parte de 2026 a partir de información solicitada a las autoridades sanitarias. Según ese relevamiento, cuyos datos se están dado a conocer hoy, por ser 28 de septiembre -Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro-, en 20 provincias se realizaron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público durante 2025. El número no muestra cambios respecto del año anterior. La tasa de abortos también se mantuvo prácticamente estable: fue de 7,45 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, frente a 7,49 en 2023. “Que se hayan realizado más de 87 mil interrupciones del embarazo en el sistema público, en 20 provincias argentinas, similar a lo observado el año anterior es un buen indicador”, explicó Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora del CEDES y el CONICET, integran de Proyecto Mirar, que tiene como objetivo monitorear la implementacion de la ley. Frente a la discontinuidad de la compra nacional de misoprostol y mifepristona, 13 provincias sostienen el acceso con presupuesto propio, según la investigadora. La red de atención tampoco desapareció. En el sector público se registraron 1.846 efectores que garantizan interrupciones voluntarias y legales del embarazo, una cifra similar a la de 2023, cuando eran 1.862. Es decir: la infraestructura que se construyó durante los primeros años de vigencia de la ley continúa funcionando, pero lo hace en un contexto de mayor presión sobre los sistemas sanitarios provinciales. Un informe de Amnistía Internacional publicado en 2026 señala que durante 2025 más de la mitad de las provincias reportaron faltantes de misoprostol y casi todas informaron problemas de abastecimiento de mifepristona. Ese mismo año, la línea 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación registró 191 secuencias vinculadas con falta de medicación. Salta concentró el 46,1 por ciento de esos casos. La retirada del Estado nacional no supone solamente dejar de comprar medicamentos. También modifica quién tiene que resolver los problemas que aparecen en el territorio. Las provincias ya financian más del 75 por ciento del gasto público en salud, según datos citados por Amnistía Internacional. Cuando la compra de medicamentos y el sostenimiento de las políticas de salud sexual y reproductiva pasan a depender de presupuestos provinciales muy diferentes entre sí, también se profundizan las desigualdades territoriales. Amnistía registró, durante 2025, 406 consultas y denuncias por obstáculos para acceder al aborto, frente a 102 en 2024. El aumento fue superior al 300 por ciento. La organización advierte que el registro de su formulario -que está disponible online para recibir estas denuncias- no es representativo de todo el país, pero considera que permite aproximarse al agravamiento de las barreras en un contexto de falta de información oficial. El caso de San Isidro El problema no siempre toma la forma de una prohibición. A veces aparece como un obstáculo administrativo, una derivación, una consulta innecesaria o una demora que, en una práctica tan sensible al paso del tiempo como ésta, influye en las

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